Hay algo que en el sector cultural colombiano se ha vuelto costumbre. Y como toda costumbre que no se nombra, se volvió invisible: el maltrato.
No el desacuerdo —que es necesario—, no la crítica —que es vital—, sino el maltrato sostenido como forma de imponer y reforzar jerarquías. El grito como argumento. El desprecio como método. La humillación como lenguaje cotidiano.
Quien ha trabajado en el mundo del libro —en editoriales, librerías, universidades, ferias o espacios gremiales— reconoce esa escena sin dificultad. No siempre aparece de forma explícita ni espectacular; por el contrario, suele instalarse en los gestos mínimos que, con el tiempo, construyen un clima. Una interrupción sistemática. Una descalificación que no responde a lo dicho sino a quién lo dice. Una reunión donde la discusión no se organiza alrededor de ideas, sino de posiciones de poder. Lo que está en juego no es el argumento, sino el lugar desde el cual se habla.
Lo inquietante no es que estas situaciones existan —ningún campo está exento de conflicto—, sino que hayan dejado de ser percibidas como problemáticas. En muchos casos, se han convertido en una forma tácita de legitimación. Se acepta que “así funciona el sector”, que ciertas personas “son difíciles”, que el rigor exige dureza, que la cultura es un espacio naturalmente áspero. En ese desplazamiento, el maltrato deja de ser una anomalía para convertirse en una condición de pertenencia.
Ese es el punto que resulta necesario cuestionar.
Porque lo que se ha naturalizado no es una tradición del oficio, sino una distorsión de sus condiciones básicas. La exigencia intelectual no requiere humillación. La construcción de criterio no exige desprecio. La experiencia no otorga licencia para degradar a otros. Cuando esas formas de relación se consolidan como norma, lo que se está produciendo no es un campo más fuerte, sino uno fundamentalmente débil… uno que aprendió a justificar sus propias fallas.
En el imaginario cultural, el editor —y, en general, quienes ocupan posiciones de liderazgo en el sector— aparece como una figura asociada al criterio, a la capacidad de sostener decisiones, a la responsabilidad de organizar catálogos y conversaciones. Esa imagen tiene un fundamento real. El problema aparece cuando esa autoridad se confunde con la posibilidad de ejercer violencia simbólica sobre quienes participan en el mismo espacio. No es una confusión menor: es una transformación (quizá trastorno) del sentido mismo de la autoridad.
La autoridad, en su forma más exigente, se construye en la consistencia. En la capacidad de leer con rigor, de argumentar con precisión, de sostener una línea editorial a lo largo del tiempo. Cuando esa autoridad necesita afirmarse mediante el maltrato, lo que se revela no es su fuerza, sino su debilidad. Una autoridad que depende de la intimidación es, en el fondo, una autoridad que no logra sostenerse por sí misma.
Lo problemático es que el sector cultural ha tendido a proteger ese tipo de comportamientos bajo una capa de legitimidad simbólica. Existe una suerte de excepción implícita: la idea de que, por tratarse de un campo vinculado al pensamiento, a la literatura y a la producción cultural, ciertas formas de relación deben tolerarse. Como si el valor de lo que se produce justificara la manera en que se produce.
Esa excepción no solo es falsa, sino profundamente dañina.
En primer lugar, porque desconoce que el sector cultural no está por fuera del marco social y jurídico en el que opera. El respeto por la dignidad humana no es una concesión ética opcional; es un principio estructural del orden constitucional colombiano. Las condiciones dignas de trabajo no son una aspiración ideal, sino un derecho. Y las conductas sistemáticas de hostigamiento, descalificación o intimidación no son rasgos de carácter: son prácticas que, en determinados contextos, constituyen formas de acoso.
Nada de esto excluye al mundo del libro.
Pensar que editoriales, universidades, ferias o gremios operan en una especie de zona simbólica autónoma, donde estas reglas se diluyen, no es una posición sofisticada. Es, en el mejor de los casos, una ingenuidad. En el peor: una forma de encubrimiento.
Pero incluso si se dejara de lado el marco jurídico, el problema seguiría siendo estructural. Un sector que normaliza el maltrato como forma de relación produce efectos que van más allá de la experiencia individual de quienes lo padecen. Produce un ecosistema que se cierra sobre sí mismo.
El primer efecto es silencioso, pero decisivo: la expulsión progresiva de quienes no están dispuestos a habitar esos códigos. Editores jóvenes que dejan de participar en espacios gremiales. Autores que optan por no volver a ciertos circuitos. Profesionales que migran hacia otros sectores donde el desacuerdo no implica degradación personal. Este movimiento no suele registrarse en estadísticas ni en diagnósticos sectoriales, pero configura de manera directa la calidad del campo.
Un ecosistema que expulsa a quienes podrían renovarlo, mientras retiene —y en ocasiones valida— a quienes reproducen prácticas de abuso, no se fortalece. Se empobrece. Se vuelve más homogéneo, más jerárquico, más dependiente de sus propias inercias.
Y en ese punto aparece una contradicción difícil de ignorar: el sector cultural suele presentarse como un espacio de democratización, de circulación de ideas, de apertura de horizontes. Sin embargo, en su funcionamiento interno, puede reproducir dinámicas profundamente excluyentes. La distancia entre el discurso y la práctica no es un detalle menor; es un síntoma de incoherencia estructural.
En ese contexto, hay decisiones que dejan de ser retóricas.
Recientemente, hemos decidido apartarnos de un grupo al interior de un gremio del que seguiremos haciendo parte. No se trata de un gesto de ruptura con el campo, ni de una retirada estratégica. Se trata de establecer un límite que, por demasiado tiempo, ha sido difuso.
No vamos a aceptar que nuestros autores, nuestro equipo o nuestra compañía sean tratados desde el desprecio, la agresión o la humillación, independientemente de quién ejerza ese comportamiento. Ni la trayectoria, ni la posición, ni el reconocimiento dentro del sector justifican ese tipo de prácticas.
Esta no es una postura emocional. Es a la vez una decisión ética y estructural.
Porque la forma en que se construyen las relaciones dentro del sector define el tipo de ecosistema que se está produciendo. Y un ecosistema que normaliza el maltrato no puede sostener, a largo plazo, un proyecto cultural sólido.
La discusión cultural, por supuesto, debe ser exigente. Debe ser crítica, incómoda, incluso dura cuando es necesario. Pero esa dureza no puede confundirse con violencia. El desacuerdo es parte constitutiva del pensamiento; la deshumanización no lo es.
Tal vez el punto más incómodo de este texto sea este: hay personas que, más allá de su trayectoria o de su lugar en el campo, no deberían ejercer roles de liderazgo en el sector cultural, no por lo que piensan, sino por la manera en que tratan a los demás. No se trata de cancelar ideas, sino de reconocer que la construcción de un espacio cultural implica también una responsabilidad sobre las condiciones en las que ese espacio existe.
Nombrar esto no debilita el campo. Lo fortalece. Porque obliga a distinguir entre la exigencia que construye y la violencia que degrada. Entre la autoridad que se sostiene en el criterio y la que depende del miedo. Entre el conflicto necesario y el abuso innecesario.
Durante demasiado tiempo, esa distinción se ha diluido. Y tal vez ha llegado el momento de volver a trazarla con claridad. No como un gesto moralizante, sino como una condición básica para que el sector cultural pueda tomarse en serio a sí mismo.